miércoles, 23 de diciembre de 2015

UNA POLÉMICA LLAMADA UBER


Partan del principio que Uber es ilegal. Y no lo digo yo, no lo dice el Senador Jorge Enrique Robledo, lo establecen el marco normativo y las leyes en Colombia.

Sin ir muy a fondo, se pueden citar cuatro artículos de la Constitución Nacional, tres leyes y un decreto nacional, cinco sentencias de la Corte Constitucional y un concepto del Consejo de Estado que confirman la tesis anterior.

(Véase la carta abierta a la Ministra de Transporte y al Vicepresidente de la República escrita por el Senador Robledo donde se demuestran las razones fundamentales y de ley sobre la ilegalidad de Uber y UberX. http://www.polodemocratico.net/noticias/titulares/9126-en-carta-a-medios-de-comunicacion-robledo-explica-porque-uber-es-ilegal).

A modo de resumen, el Senador explica en su carta, que la Constitución Nacional contempla, que es el Estado quien regula, interviene, vigila y limita las diferentes modalidades de transporte público, estos aspectos están ampliamente fundamentados en los artículos 24, 100, 333 y 334.

Que es la Ley 105 de 1993, la que dicta las disposiciones básicas sobre el transporte, y que en su articulado se establece, que serán las empresas debidamente autorizadas por el Estado las que pueden ejercer como transportistas de personas en el territorio nacional.

Igualmente aclara Robledo que en lo referente a la Ley 336 de 1996, se señala que el transporte, como servicio público debe estar bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares. Además, la Ley precisa cómo para prestar servicios relacionados con el transporte público de pasajeros, en todas sus modalidades, debe contarse con la autorización pertinente, y agrega que las tarifas tienen que ser reguladas por las autoridades.

Así mismo, comenta que el Decreto 172 de 2001, hoy recopilado en el Decreto 1079 de 2015 dice que el servicio público de pasajeros individual (taxi) es “aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad”.

Entre otras sentencias citadas por el Senador y que valen la pena destacar están:

La Sentencia C-043 de 1998 la cual expresa: “la libre iniciativa privada no puede erigirse como un derecho absoluto ni como un obstáculo insuperable para la actividad de intervención del Estado, particularmente en materia económica y de servicios públicos”.

La Sentencia C-981 de 2010 que determina: “los operadores o empresas de transporte (…) deben tener autorización del Estado. (…) Las empresas habilitadas sólo pueden prestar el servicio con equipos matriculados o registrados para dicho servicio (…) según lo prevé el artículo 23 de la Ley 336 de 1996”.

Y la Sentencia C-468 de 2011 que expone: “En materia de regulación de la actividad de transporte la jurisprudencia ha señalado (i) que se trata de una actividad peligrosa frente a la cual es legítima una amplia intervención policiva del Estado”.

Concuerdo entonces con el Senador Robledo cuando manifiesta: “Es falso afirmar, por tanto, como lo hace Uber, que existe un vacío legal sobre el negocio de esta esa compañía. Y es evidente su mala fe porque, basada en una mentira, alega que no existe regulación sobre su caso, cosa que, como se ha visto, constituye una notoria falsedad. Y la buena fe también es parte del ordenamiento jurídico colombiano”.

Por lo tanto se puede inferir que, y aunque, Uber la plataforma tecnológica, no es ilegal, el servicio que promueve sí lo es. UberX incentiva a que las personas naturales con sus vehículos particulares ejerzan como ´piratas´ del servicio público de transporte, ocasionando un desequilibrio económico producto de una competencia desleal que tendría como consecuencia la quiebra de los taxistas y de los dueños de los buses, sin contar con la del SITM. Este es un hecho de suma gravedad, si se tiene en cuenta que el sistema formal está compuesto por decenas de miles de propietarios y conductores que devengan su sustento diario de una actividad legitima, que se ha ejercido en los últimos 50 años y que  debe ser protegida por el Estado.

Ahora, es cierto que los ciudadanos reclaman un mejor servicio público de transporte; pero no es con ´piratería´ como se se soluciona el problema, eso solo lo agravaría, ya que estaríamos ad portas de configurar un sistema anárquico, sobreofertado y sin regulación ni autoridad. Incomprensible.

No es lo mismo, el servicio de taxi de lujo reglamentado recientemente por el Gobierno Nacional, que Uber y UberX. El Gobierno no formalizó la operación de Uber en el país, ni le dio autorización. Lo que pretendieron desde la Casa de Nariño fue establecer las reglas claras para que sean las empresas debidamente constituidas y habilitadas, las que en convenio o por desarrollo propio, presten un servicio individual de pasajeros con vehículos de alta gama y operados a través de aplicaciones móviles

El camino es la capacitación. ¿Dónde están las empresas y que ha hecho el Estado?

El gremio transportador es la primera línea de formalización laboral, cada desplazado, cada desmovilizado, cada ex convicto o simplemente cada desempleado que quiere recapitular su vida y desea trabajar, comienza esta etapa como conductor del gremio transportador.

Así, los propietarios y los conductores, que son víctimas de su propia idiosincrasia y no entienden sobre los principios del buen servicio, no razonan y creen que como lo están haciendo, lo hacen bien. Si a esto, le sumamos el estrés laboral de extensas jornadas de trabajo (14 horas diarias) y un entorno contaminado, ácido y ofensivo, no puede haber otro resultado más que la mala calidad.

Entonces, comencemos por el principio:

Lo primero que se debe hacer, es defender el marco legal y el sistema formal a toda causa.

Lo segundo, es que empresas de transporte ejerzan como tal (como transportistas) y no, como afiliadoras. Estas compañías debidamente habilitadas, deben formalizar a sus conductores, generarles planes de capacitación y propender por una mejora continua del servicio.

En este punto vale la pena hacer una pausa, y recalcar que las empresas transportadoras no tienen dolo, porque sus utilidades no dependen del flujo de pasajeros, los grandes empresarios ganan producto del cobro de las ´administraciones ´ y de los servicios asociados a su negocio: gasolina, lubricantes, pólizas de seguros, etc.

El Estado también está obligado a  aportar. Como ente regulador tiene que generar los espacios propicios para la capacitación y los planes de mejora (foros, congresos, etc). Asimismo, es de su responsabilidad ejercer la función de autoridad que tanto hace falta en la ciudad; debe poner en cinta a los vehículos públicos como a los particulares.

Y los conductores, benditos conductores, la mayoría tienen que cambiar, hacer conciencia que el maltrato al usuario solamente los perjudica a ellos mismos y al gremio en general. Debo aclarar que conozco muchos que por el contrario, si son ejemplo, y que han logrado sacar adelante familias enteras con la actividad de la conducción profesional y merecen un aplauso.

Por aquí puede ser el camino, tómenlo a bien o tómenlo a mal, solo son sugerencias, una simple opinión que pretender generar un debate justo y equitativo, en procura de una ciudad más amable, habitable y sustentable.

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